Foto: SCRD
- En las visitas realizadas entre el 14 y 15 de julio de 2021 a Canal Capital, los entes de control fueron informados de las condenas laborales por un monto cercano a los 1.800 millones de pesos.
Bogotá, 16 de julio de 2021. En la presente administración, Canal Capital heredó 22 demandas laborales, interpuestas por antiguos contratistas que alegan la figura del “contrato realidad”, es decir, que fueron vinculados mediante la modalidad de prestación de servicios disfrazando verdaderas relaciones laborales. Se trata de procesos avanzados, presentados por contratistas que tuvieron vinculación contractual con el Canal hasta el año 2017, inclusive. En 9 de ellos se profirió sentencia judicial definitiva entre 2019 y 2021, condenando a una cifra cercana a los $1.800 millones de pesos. Estos pagos, obligatorios y perentorios por cuanto el retraso en su desembolso aumenta sanciones moratorias e intereses, corresponden en su totalidad a demandas interpuestas antes de 2020, como lo refleja el siguiente gráfico:
Capital también ha adoptado políticas de prevención del daño antijurídico recomendadas por La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para contrarrestar la alta litigiosidad asociada a la renovación de ese tipo de contratos y evitar así que nuevos casos se presenten impactando el patrimonio público.
Toda la información de soporte de estos procesos jurídicos, así como de otros procesos contractuales, operativos, administrativos y financieros del canal se están entregando a los entes de control para verificación de la información entregada durante las visitas al Canal y las reuniones con sus directivos.
También fueron socializados con la Contraloría y la Personería distritales cambios en el modelo de operación para modernizar la producción de contenidos, así como las gestiones administrativas y financieras implementadas para reactivar la industria audiovisual como uno de los sectores más golpeados por la pandemia Covid-19.
Para Capital Sistema de Comunicación Pública, estas auditorías constituyen una gran oportunidad para aclarar a las autoridades competentes la realidad de su operación frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales y medios de comunicación durante la última semana. Entre tanto, la gerente Ana María Ruiz ha confirmado que acudirá al debate de control político citado para el próximo martes 20 de julio en sesión plenaria del cabildo. “Agradezco esta oportunidad que me brinda el Concejo de Bogotá de explicarle, de primera mano, cómo el canal público de la ciudad está más vivo que nunca, cumpliendo con su misionalidad, llegando a más audiencias, produciendo y circulando contenidos más variados, inclusivos, democráticos y ciudadanos”.
Las condenas son consecuencia de la implementación de un modelo de canal que ha perpetuado un alto riesgo jurídico de configurar contratos realidad, sin embargo, no se tiene evidencia de que en el pasado se haya realizado alguna acción contundente para evitar la situación a la que hoy se enfrenta la entidad.
Esta administración se encuentra evaluando todas las alternativas posibles que viabilice un modelo de canal competitivo, innovador y pertinente acorde con su realidad administrativa, financiera y jurídica, pero especialmente acorde con las tendencias de la industria audiovisual, necesidades de las audiencias más vulnerables, de la reactivación del sector audiovisual y de los retos propios de estos tiempos.
